Hay decisiones que parecen enormes en el papel pero cuyo impacto real tarda años en verse. La aprobación de la Ley N° 32571 es, por ahora, una de esas. El Congreso de la República del Perú no firmó la construcción de una base espacial: firmó el permiso para empezar a pensar en serio en ello. Y esa diferencia importa, pero no le quita peso histórico a lo que acaba de ocurrir.
El 19 de marzo de 2026, con 78 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó en segunda votación la declaración de interés nacional y necesidad pública para crear un puerto espacial en suelo peruano. La norma fue publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de marzo, dando carácter oficial a una idea que venía tomando forma desde octubre de 2025, cuando el Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley 12623/2025-PE.
Qué significa exactamente esta ley
Antes de imaginar cohetes despegando desde la Amazonía, conviene ser precisos. Una declaración de interés nacional no implica construcción inmediata. Lo que hace esta ley es habilitar al Estado para iniciar estudios técnicos, procesos de consulta, coordinación interinstitucional y evaluación de condiciones jurídicas y financieras.
En términos simples: Perú acaba de decir oficialmente que quiere tener un puerto espacial. Ahora viene la tarea de determinar si puede, cómo, dónde y con qué recursos.
El encargado de liderar ese proceso será el Ministerio de Defensa, que coordinará las acciones necesarias dentro de sus competencias en materia de tecnología aeroespacial y seguridad nacional, articulando el trabajo con otras entidades del Estado y, potencialmente, con actores internacionales.
La ventaja geográfica que pocos conocen
Una de las razones más sólidas detrás de esta iniciativa tiene que ver con algo que Perú ya tiene y que no puede comprar: su ubicación en el mapa.
El país está situado cerca de la línea ecuatorial, y eso no es un detalle menor en la industria espacial. Los cohetes que despegan desde zonas próximas al ecuador aprovechan la velocidad de rotación de la Tierra, que en esa latitud es mayor. Eso se traduce directamente en menos combustible necesario para alcanzar la órbita, lo que reduce costos y aumenta la eficiencia de cada lanzamiento.
Es la misma razón por la que la Agencia Espacial Europea (ESA) eligió la Guayana Francesa —también cerca del ecuador— para su Centro Espacial de Kourou, uno de los más importantes del mundo. Brasil, con su Base de Alcântara, y Ecuador también han explorado esta ventaja en distintas etapas.
Con esta ley, Perú da un primer paso formal para convertir esa ventaja geográfica en infraestructura real.
Por qué el país necesitaba esto
La exposición de motivos de la ley es clara en un punto que suele pasarse por alto: Perú no tiene infraestructura propia para lanzar satélites. Eso significa que cualquier misión espacial peruana —ya sea de monitoreo ambiental, telecomunicaciones o defensa— depende de que otro país la ejecute.
Esa dependencia tiene costos concretos. Implica negociar con terceros, adaptarse a sus agendas y pagar por capacidades que, en teoría, el país podría desarrollar por sí mismo. La ley apunta directamente a reducir esa brecha y avanzar hacia lo que el dictamen llama una mayor autonomía tecnológica y soberanía estratégica.
Qué viene ahora: estudios, consultas y financiamiento
El camino desde una declaración de interés nacional hasta un puerto espacial operativo es largo, y el propio texto de la ley lo reconoce. Los próximos pasos incluyen la realización de estudios técnicos de viabilidad, evaluaciones de impacto ambiental, consultas previas con comunidades locales en las zonas donde se evalúe construir la infraestructura, y la definición de fuentes de financiamiento.
El dictamen también menciona la posibilidad de articulación con actores internacionales, lo que abre la puerta a alianzas con agencias espaciales, empresas privadas del sector y otros gobiernos interesados en compartir infraestructura.
El contexto regional: Perú no llega tarde, pero tampoco lidera
Brasil cuenta con el Centro de Lanzamiento de Alcântara, uno de los más estratégicamente ubicados del mundo por su cercanía al ecuador. México ha impulsado proyectos vinculados a la industria aeroespacial, aunque sin un puerto espacial propio consolidado. Colombia, Ecuador y Argentina también tienen distintos niveles de desarrollo en agencias y programas espaciales nacionales.
Perú se suma a esa lista con un enfoque declarativo pero con respaldo legislativo sólido. La aprobación multipartidaria —el proyecto fue presentado por el Ejecutivo y respaldado ampliamente en el Legislativo— sugiere que la iniciativa tiene margen político para avanzar más allá del papel.
Una apuesta de largo plazo con beneficios concretos
Más allá de la dimensión tecnológica, la ley también tiene un argumento económico. Un puerto espacial podría generar empleos especializados en ingeniería aeroespacial, atraer inversión nacional y extranjera, y estimular el desarrollo de carreras científicas en un país donde ese ecosistema todavía es incipiente.
No es una promesa inmediata. Es, más bien, una apuesta de largo plazo con la que Perú busca dejar de ser espectador en una industria que, según estimaciones globales, moverá billones de dólares en las próximas décadas.