Walter Martínez Laura probablemente nunca imaginó que su nombre aparecería en los titulares de los periódicos. Es de esos funcionarios públicos que han construido su carrera lejos de las cámaras, en el trabajo diario con expedientes, audiencias y la defensa de personas que no tienen recursos para pagar un abogado privado.
Este martes 14 de octubre, cuando levantó la mano derecha para jurar como ministro de Justicia y Derechos Humanos ante el presidente José Jerí, muchos peruanos se preguntaron: ¿y este quién es? La respuesta no es sencilla, porque Martínez representa ese tipo de funcionario público que trabaja en las sombras del Estado, haciendo cosas importantes pero sin el protagonismo mediático de otros sectores.
Llega al Minjus con un perfil claramente técnico: es abogado penalista egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con especialización en derecho procesal y una amplia trayectoria en el sector público, particularmente en el sistema de defensa pública.
Pero, como suele pasar en el Perú, su nombramiento viene acompañado de una sombra: una investigación fiscal que enfrentó por presuntas irregularidades administrativas. Aunque el caso fue archivado, el tema seguramente saldrá a relucir cuando tenga que presentarse ante el Congreso para el voto de confianza.
Un abogado formado en la Católica
Walter Martínez estudió Derecho en la PUCP, una de las facultades más prestigiosas del país. Se especializó en derecho procesal penal, un área compleja que requiere no solo conocimiento de las normas sino también habilidad para desenvolverse en los tribunales, entender estrategias de litigación y manejar la presión de las audiencias.
A diferencia de muchos abogados que terminan trabajando en grandes estudios corporativos defendiendo empresas y personas adineradas, Martínez eligió un camino distinto: dedicarse a la defensa pública, es decir, a representar a personas de escasos recursos que no pueden pagar un abogado privado.
Esta no es una elección menor. La defensa pública es uno de los trabajos más duros y peor pagados del sistema de justicia. Los defensores públicos manejan cargas procesales enormes, trabajan con recursos limitados y a menudo enfrentan el desprecio de jueces y fiscales que los ven como abogados de "segunda categoría".
Pero alguien tiene que hacer ese trabajo, porque sin defensa pública no hay debido proceso y sin debido proceso no hay justicia. Martínez dedicó años de su vida profesional a ese trabajo ingrato pero fundamental.
El ascenso a la Dirección de Defensa Pública
Antes de su nombramiento como ministro, Walter Martínez se desempeñaba como director general de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia del propio Ministerio de Justicia. Era, en términos simples, el jefe de todos los defensores públicos del país.
En ese cargo, lideró diversas estrategias para fortalecer la atención legal gratuita a personas en situación vulnerable: procesados sin recursos, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, adultos mayores, comunidades indígenas. Todos ellos dependen del sistema de defensa pública para hacer valer sus derechos.
Martínez trabajó en mejorar la capacitación de los defensores públicos, en ampliar la cobertura del servicio a zonas rurales donde antes no existía, y en implementar protocolos especializados para casos de violencia contra la mujer y poblaciones vulnerables.
Desde afuera, este trabajo puede parecer burocrático y poco glamoroso. Pero para miles de peruanos, la diferencia entre tener un defensor público capacitado o no tenerlo puede significar la diferencia entre la cárcel y la libertad, entre justicia y abuso.
La denuncia que empañó su gestión
Pero no todo fue color de rosa en la gestión de Walter Martínez al frente de la Dirección de Defensa Pública. En algún momento de su periodo como director, el Ministerio Público abrió una investigación en su contra tras recibir una denuncia que lo acusaba de haber modificado, sin competencia legal, la jornada y horarios laborales de los servidores públicos de la Defensa Pública.
La acusación era grave: según los denunciantes, Martínez habría excedido sus atribuciones al cambiar unilateralmente las condiciones laborales de los defensores públicos y el personal administrativo del área. La medida generó malestar y fue vista por algunos sindicatos y asociaciones del sector como un atropello a los derechos de los trabajadores.
Cuando esta denuncia se hizo pública, muchos se preguntaron si Martínez había actuado de manera autoritaria o si, por el contrario, había tomado decisiones administrativas legítimas que simplemente no cayeron bien entre algunos trabajadores.
Las investigaciones fiscales avanzaron y el caso tomó estado público. Para Martínez debe haber sido un periodo complicado: por un lado intentaba hacer su trabajo como director, y por otro tenía que defenderse de acusaciones penales que ponían en riesgo no solo su cargo sino su reputación profesional.
El archivo fiscal: ¿absolución o tecnicismo legal?
Después de varios meses de investigación, la fiscalía decidió archivar el caso. La resolución fiscal concluyó que no existían pruebas suficientes para atribuirle a Walter Martínez una conducta dolosa (es decir, con intención de hacer daño) ni un perjuicio concreto al Estado o a los trabajadores.
Según el documento fiscal, las disposiciones adoptadas por Martínez respondían a decisiones de gestión interna con fines administrativos y no constituían abuso de autoridad. En otras palabras, el fiscal consideró que Martínez estaba ejerciendo las atribuciones propias de su cargo y que, aunque las medidas pudieron ser controvertidas o impopulares, no eran ilegales.
Para los defensores de Martínez, el archivo del caso demuestra que nunca hubo mérito real para la denuncia y que se trató de una maniobra de trabajadores descontentos que judicializaron un tema que debió resolverse por vías administrativas o laborales.
Para sus críticos, el archivo no necesariamente demuestra inocencia, sino simplemente que no había pruebas suficientes para llevarlo a juicio. Argumentan que en el Perú es muy difícil probar conductas de abuso de autoridad y que muchas veces estos casos se archivan por tecnicismos legales más que por una demostración clara de que no hubo irregularidades.
Una evaluación administrativa pendiente
Lo interesante es que, aunque el proceso penal fue cerrado, la resolución fiscal indicó que aún podría existir una evaluación administrativa interna sobre la actuación de Martínez. Esto significa que, si bien no cometió un delito, sí podría haber incurrido en faltas administrativas que ameriten algún tipo de sanción disciplinaria.
Sin embargo, hasta donde se sabe públicamente, esa evaluación administrativa nunca se concretó o no llegó a ninguna conclusión formal. Martínez continuó en su cargo como director de Defensa Pública hasta su nombramiento como ministro.
Este punto gris es importante porque seguramente será usado por congresistas opositores durante la presentación del gabinete para pedir el voto de confianza. Le preguntarán directamente sobre el caso, sobre las decisiones que tomó, sobre si hubo o no abuso de autoridad.
Martínez tendrá que tener respuestas claras y convincentes. No bastará con decir "la fiscalía archivó el caso"; tendrá que explicar por qué tomó esas decisiones, qué problemas intentaba resolver y cómo justifica los cambios en las condiciones laborales que generaron tanto malestar.